ACUERDO ENTRE LA ARGENTINA Y BRASIL

El 11 de noviembre los gobiernos de la Argentina y Brasil, en el primer caso por intermedio de EBISA, prevén realizar seguramente en el Salón Sur de la Casa Rosada el acto de apertura de las ofertas convocadas para adjudicar los trabajos de diseño de los proyectos ejecutivos de las represas de Garabí y Panambí y de sus respectivos estudios de impacto ambiental.

La construcción de dos cierres fue la elección más conveniente para reducir a su mínima expresión el anegamiento de tierras sobre ambas orillas del tramo compartido del río Uruguay.

Los aprovechamientos por erigirse configurarán los primeros proyectos hidroeléctricos concretados con Brasil.

En las negociaciones que se han venido manteniendo en los últimos años durante las gestiones de los ex presidentes Néstor Kirchner y Luiz Inácio “Lula” da Silva surgió la posibilidad de que el 70% de la financiación de esos dos cierres, que en ningún caso podría resultar inferior a los u$s4.800 a u$s5.000 millones, sea asumida por el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES).

El 30% restante del costo de construcción de esos proyectos hidroeléctricos será solventado en forma directa, por partes iguales, por los gobiernos de Brasil y la Argentina.

En cuanto al potencial generador de las dos futuras usinas binacionales, se ubicaría en torno de los 2.300 MW, o sea que ambas centrales reunirán un potencial mayor que el que posee la represa argentino-uruguaya de Salto Grande (1.890 MW).

Ese emprendimiento hidroeléctrico fue, cabe recordar, construido entre 1976 y 1980 a la altura de Nueva Federación, población en donde se relocalizaron los habitantes de las ex ciudades entrerrianas de Santa Ana y Federación, que quedaron anegadas por el embalse de Salto Grande.

Al momento de estimar el rendimiento energético de Garabí y Panambí, si bien las cifras concretas surgirán de los estudios ejecutivos por desarrollarse, puede estimarse que en ningún caso resultará menor a los 8.500 GWh anuales.

El lanzamiento de esas obras que encaran la Argentina y Brasil puede evaluarse como el punto final concluyente de casi dos décadas de recelos, alentados por los gobiernos militares que surgieron en ambos países, en el caso del vecino socio del Mercosur en 1964 por el golpe del mariscal Artur Da Costa e Silva y en 1966 por el general Juan Carlos Onganía.

Esos recelos se alentaron a partir del lanzamiento de las obras de la represa de Itaipú en la que Brasil logró poner en marcha la primera de las turbinas de esa usina construida con Paraguay en mayo de 1984, mientras que la Argentina en Yacyretá sólo logró habilitar la primera máquina de esa central el 1º de septiembre de 1994.

Esas dilaciones incurridas por la Argentina en la finalización del compromiso asumido con Paraguay en realidad sólo vieron transcurrir su capítulo final a partir del acuerdo de terminación de las obras ambientales faltantes de Yacyretá, suscrito en 2004 por los ex presidentes Néstor Kirchner y Nicanor Duarte Frutos.

El mayor punto de disidencia con Brasil mantenido sobre el Alto Paraná fue acordar la compatibilización de los proyectos de Itaipú y Corpus, que en este último caso todavía figura como una asignatura pendiente porque el Gobierno argentino siempre condicionó encarar el lanzamiento de esa obra una vez que se hubiera finalizado con Yacyretá, hito que se materializó en forma plena en febrero último, durante los gobiernos de Cristina Fernández y Fernando Lugo.